El Gobierno español ha decidido endurecer los controles sobre los movimientos de grandes cantidades de efectivo, tanto dentro como fuera del país, según un anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Esta medida forma parte de un conjunto más amplio de medidas destinadas a prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo es aumentar la transparencia y reducir las posibilidades de lavado de dinero o actividades ilegales.
Según el texto del anteproyecto, ahora será el ciudadano quien deberá demostrar que el efectivo que lleva encima es legal, en lugar de ser el Estado quien debe probar que no se trata de dinero ilícito. Esta inversión de la carga de la prueba busca fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y mejorar la seguridad financiera del país.
La medida ha sido anunciada como parte de una estrategia más amplia para combatir el fraude y la corrupción. Aunque no se han dado detalles específicos sobre los montos exactos que estarán sujetos a revisión, el Ejecutivo ha destacado la importancia de la cooperación ciudadana en este proceso. (abc.es)
