Estados Unidos exige que los solicitantes de residencia demuestren mediante una fianza que no se convertirán en una "carga pública" para el país, anunció el Departamento de Seguridad Nacional. Esta medida busca garantizar que los inmigrantes que solicitan asilo o residencia no representen un costo financiero significativo para el sistema público. La fianza, que aún no tiene un monto definido, deberá ser proporcionada por los solicitantes o por un familiar que respaldé la solicitud, según el comunicado oficial.
La medida se enmarca en un esfuerzo por fortalecer la seguridad fronteriza y reducir el número de solicitudes que, según el gobierno, podrían sobrecargar los recursos del Estado. Esta política se aplica a todos los nuevos solicitantes de residencia, independientemente de su país de origen. El Departamento de Seguridad Nacional destacó que la fianza no afectará a los ciudadanos estadounidenses ni a los residentes legales, quienes continuarán siendo elegibles para los beneficios públicos.
La decisión ha generado debate entre expertos y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre el impacto potencial en la capacidad de los solicitantes de acceder a servicios básicos. Mientras tanto, el gobierno estadounidense afirma que la medida es necesaria para mantener la estabilidad económica y social del país.
