Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Cuba, incluyendo al Ministerio de la Construcción y a ocho empresas estatales, como parte de una medida que busca reforzar el bloqueo económico contra la isla. Las sanciones afectan sectores estratégicos como la minería, la metalurgia y la construcción, acusados de apoyar el aparato represivo del régimen cubano. La Administración estadounidense justifica estas medidas como una respuesta a la supuesta participación de funcionarios cubanos en operaciones de influencia dentro del país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó al Ministerio de la Construcción en su lista de entidades sancionadas, junto con tres dirigentes y nueve organizaciones vinculadas al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Estas medidas se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14404, que busca limitar las actividades económicas y financieras de Cuba. Las sanciones afectan a entidades relacionadas con el comercio, la construcción y la industria, según informes de medios locales y oficiales estadounidenses.
La política de bloqueo continúa siendo un tema de controversia, con críticas desde varios países y organizaciones internacionales. Mientras Estados Unidos justifica las medidas como una defensa de los derechos humanos, otros actores destacan el impacto negativo en la población cubana. La situación refleja una tensión persistente entre las relaciones bilaterales y las políticas económicas impuestas por Washington.
