Estados Unidos impone sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y al magistrado Abdoulaye Seye, por su participación en investigaciones relacionadas con Israel. La medida, anunciada el 18 de agosto, incluye la congelación de activos y la prohibición de entrada al país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro justifica la acción al considerar que la CPI está "politizada".
La Corte Penal Internacional rechazó la sanción, afirmando que su labor es independiente y basada en el derecho internacional. La decisión de Estados Unidos se enmarca en una campaña para debilitar la institución, según lo anunciado previamente por el senador Marco Rubio. La sanción afecta a dos funcionarios clave: la presidenta y un miembro de la Fiscalía.
Las medidas se suman a una serie de críticas estadounidenses hacia la CPI, que han aumentado en los últimos meses. Estados Unidos ha cuestionado la imparcialidad del tribunal, especialmente en casos que involucran a Estados Unidos o a sus aliados. La sanción no solo busca limitar la influencia de la CPI, sino también presionarla para que cambie su enfoque en investigaciones específicas.
La Corte Penal Internacional ha mantenido su postura de independencia, rechazando las acusaciones de sesgo. A pesar de las sanciones, la CPI continúa con sus procesos, aunque enfrenta una creciente presión internacional.
