La jueza María Tardón de la Audiencia Nacional ha solicitado al juzgado de Ceuta el expediente del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por presuntos delitos contra la integridad territorial de España. La magistrada, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en julio, busca evaluar si las denuncias contra el funcionario deben incluirse en su causa.
El caso surge tras una serie de tensiones políticas en torno a la gestión migratoria en Ceuta, donde el gobierno español intenta encontrar soluciones aceptables. La situación ha sido abordada en el Senado por el Partido Popular, que ha llevado la situación sanitaria al debate, aunque el foco sigue en la crisis migratoria.
La jueza ha pedido al juzgado local que remita todas las diligencias abiertas contra Pérez, para determinar si se deben integrar en la investigación nacional. Esta acción refleja la creciente preocupación por la seguridad territorial y la gestión de la frontera.
El expolítico Albert Rivera ha llamado a una regulación nacional de la inmigración, tras los sucesos en Ceuta, señalando la necesidad de un marco legal claro. La tensión política se intensifica mientras el gobierno busca equilibrar las demandas de seguridad y derechos humanos.
