El Gobierno colombiano declaró formalmente la situación de desastre nacional tras el devastador terremoto de 7,4 grados que sacudió el país, causando al menos 224 muertes y más de 1.300 heridos. Esta medida, anunciada por el ministro de Interior Rodrigo Lara, permite al Estado coordinar mejor las acciones de rescate y asistencia a las víctimas. El terremoto, que afectó especialmente el Eje Cafetero, dejó a unas 2.000 personas desaparecidas y puso a prueba las capacidades de respuesta del Estado.
A pesar de los esfuerzos por localizar a los supervivientes, el Gobierno enfrenta desafíos significativos. En zonas rurales, como en Chocó, la región más pobre del país, se reporta que aún no se han logrado llegar a todos los afectados. La primera dama, Ana Lucía Pineda, lidera una campaña nacional de recolección de donaciones para apoyar a las familias. Mientras tanto, la ONU se mantiene alerta y está preparada para ofrecer ayuda internacional si el Gobierno lo solicita.
Además, el terremoto ha alterado las prioridades fiscales del nuevo Gobierno, que podría tener que revisar su presupuesto para incluir partidas destinadas a la reconstrucción. Empresas y autoridades se unen en iniciativas como "Colombia, un solo corazón" para proporcionar alimentos y otros insumos a las familias afectadas. La situación sigue siendo crítica, pero el esfuerzo conjunto busca minimizar el impacto del desastre.
