El gobierno español ha asumido el control del puerto de Ceuta para establecer una atención humanitaria a los migrantes que se encuentran en la zona desde la invasión de los pasados 30 y 31 de julio. El ministro de Transportes, Óscar Puente, firmó una resolución que autoriza el uso temporal de 16.000 metros cuadrados del puerto hasta final de año. Esta medida busca garantizar condiciones básicas de higiene y seguridad a los migrantes, que permanecen en la ciudad autónoma en condiciones precarias.
Mientras se preparan carpas y zonas de descanso, el Ejecutivo ha trasladado a casi 300 menores a El Tarajal, en la provincia de Almería. La medida ha sido criticada por algunos sindicatos y vecinos, que denuncian la falta de planificación y la presión sobre los trabajadores locales. A pesar de la resistencia, el gobierno insiste en que la acción es necesaria para garantizar la seguridad y la dignidad de los migrantes.
La situación ha generado una tensión en la región, con grupos de mujeres que se encuentran en condiciones vulnerables. Mientras el gobierno se enfoca en la organización de espacios temporales, la comunidad local sigue alerta ante la complejidad de la crisis. La gestión del puerto se ha convertido en un punto central en la discusión sobre la política migratoria en el país.
