El gobierno de Guatemala enfrenta una crisis derivada de la subida de precios del combustible, que ha desencadenado protestas y bloqueos en varias ciudades. La medida, aplicada para reducir la dependencia de importaciones, ha generado indignación entre la población, que ha rechazado el aumento como una carga adicional en un contexto de inflación elevada. Mientras, el Ejecutivo busca implementar políticas para mitigar el impacto en el transporte y en los consumidores, pero enfrenta críticas por su enfoque.
En paralelo, en España, el gobierno ha modificado su estrategia para evitar el desgaste político, centrándose en desafiar a la figura del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Esta postura refleja una tensión entre las instituciones, con el Ejecutivo central adoptando un tono más firme en su respuesta a las protestas locales. Aunque no se menciona directamente la situación en Guatemala, la tensión política en diferentes niveles de gobierno se refleja en la gestión de crisis.
Además, en Colombia, el Congreso ha alertado al gobierno sobre la necesidad de dosificar su agenda para no saturar al Parlamento, especialmente en momentos de debate sobre el presupuesto 2027 y la ley de ajuste fiscal. Esta advertencia sugiere que la presión por la gestión de temas sensibles sigue siendo un desafío para los gobiernos en diferentes países.
