Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional. La medida, formalizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, bloquea activos bajo jurisdicción estadounidense y limita operaciones económicas relacionadas con la magistrada. Esta acción refleja una continuidad en las medidas adoptadas contra funcionarios del organismo internacional.

La sanción se suma a una serie de medidas similares aplicadas en el año pasado contra otros miembros de la Corte Penal Internacional, incluyendo fiscales y jueces. Estas acciones sugieren una creciente presión estadounidense sobre el sistema judicial internacional, aunque no se ha especificado el motivo exacto de las sanciones. La Corte Penal Internacional ha denunciado en ocasiones la interferencia de Estados Unidos en sus procesos.