Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Cuba, incluyendo al Ministerio de la Construcción y a ocho empresas estatales, como parte de una medida para endurecer el bloqueo económico. La Administración estadounidense incluyó a estas instituciones en la lista de la OFAC, bajo la Orden Ejecutiva 14404, con el objetivo de limitar su capacidad financiera y operativa.
Las sanciones afectan a tres dirigentes cubanos y nueve entidades, entre ellas el Ministerio de Construcción, que fue señalado por Washington como parte de estructuras vinculadas al comercio, la construcción y la minería. Las medidas buscan presionar al régimen cubano en sectores estratégicos, acusando a los dirigentes del ICAP de participar en operaciones de influencia dentro de Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) añadió a estas instituciones a su lista SDN, lo que implica restricciones en transacciones internacionales. Las autoridades estadounidenses justifican estas acciones como parte de un esfuerzo para limitar el apoyo financiero al régimen cubano.
En Uruguay, se denunció un "genocidio silencioso" contra Cuba, atribuyendo las medidas a un cerco económico que afecta la vida de la población. La situación refleja la tensión persistente entre Estados Unidos y Cuba, con sanciones que continúan como herramienta de presión política.
