Estados Unidos impone sanciones contra la presidenta Tomoko Akane y el juez Abdoulaye Seye de la Corte Penal Internacional (CPI), en un gesto que refleja la creciente tensión entre Washington y la institución judicial internacional. Las medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada al país para ambos funcionarios, en respuesta a las investigaciones de la CPI sobre situaciones en Israel. La decisión se enmarca en una campaña más amplia liderada por el senador Marco Rubio, quien prometió endurecer la postura estadounidense contra la CPI en julio de 2026.
La CPI ha rechazado las sanciones, calificándolas como una amenaza al estado de derecho. En un comunicado, la corte expresó su preocupación por la interferencia de Estados Unidos en su labor. Aunque no se han especificado los detalles de las investigaciones en cuestión, la medida refleja una creciente desconfianza hacia la CPI por parte de gobiernos occidentales.
La acción de Washington se suma a una serie de críticas previas contra la CPI, especialmente en relación con casos relacionados con conflictos regionales. La sanción a funcionarios internacionales marca un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y la institución, cuestionando su independencia y legitimidad.
