El Gobierno argentino modificó el proceso para la reelección de jueces que desean permanecer en el cargo después de cumplir 75 años. La nueva normativa, publicada en el ministerio de Justicia, se alinea con el Decreto 467/2026, que establece cambios en la selección de integrantes de la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General.
La reforma busca reducir la participación ciudadana en el proceso de renovación de jueces. Según el nuevo reglamento, los jueces que desean continuar en el cargo deben cumplir con criterios de evaluación internos, sin necesidad de una consulta pública amplia. Esta medida ha generado debate entre sectores de la sociedad y organizaciones de derechos humanos.
El cambio se enmarca en una serie de ajustes en la estructura judicial argentina, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia en la selección de magistrados. Aunque el texto oficial no detalla los criterios específicos de evaluación, la medida ha sido vista como una forma de centralizar el control sobre la renovación de la alta magistratura.
La decisión ha sido criticada por algunos sectores que consideran que limita la participación ciudadana y podría afectar la independencia judicial. Mientras tanto, el Ejecutivo defiende que la reforma busca garantizar una mejor gestión del sistema judicial.
