El gobierno estadounidense anunció la deportación del excoronel Rafael José Quero Silva, acusado de participar en la tortura de activistas durante el mandato de Nicolás Maduro. Quero Silva, excomandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana, fue señalado por organizaciones locales como responsable de represalias durante protestas postelectorales en 2013 y 2014. La decisión de deportarlo fue tomada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informes locales.
Las autoridades venezolanas han denunciado repetidamente el uso de la fuerza contra manifestantes, especialmente en el contexto de las protestas de 2013. Quero Silva fue investigado por Provea, una organización de derechos humanos, por su papel en la represión durante esos eventos. La deportación se enmarca en esfuerzos internacionales por sancionar a responsables de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La situación refleja la tensión entre Estados Unidos y Venezuela en materia de derechos humanos. Aunque el exoficial fue extraditado, su caso sigue siendo un tema de debate en el ámbito internacional. Las autoridades venezolanas han rechazado las acusaciones, afirmando que las investigaciones son politizadas. La comunidad internacional sigue observando de cerca los casos de detención y represión en el país.
