Más de 100 migrantes en Colombia enfrentan una situación compleja tras el terremoto que sacudió el país a finales de octubre. Muchos de ellos, principalmente venezolanos, se encontraban en la región de Nariño, donde el sismo causó daños significativos. Las autoridades locales han anunciado que los migrantes deben decidir entre regresar a sus países de origen o enfrentar la posibilidad de deportación.
La situación ha generado preocupación entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Algunos migrantes han sido notificados de que deben abandonar el país en un plazo de semanas, lo que ha generado tensión en los centros de acogida. A pesar de ello, algunos han decidido permanecer en el país, buscando alternativas de trabajo o esperando que la situación mejore.
Las autoridades han insistido en que la decisión de deportación no es una medida general, sino que se aplica a quienes no puedan demostrar un vínculo sólido con el país. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y muchos migrantes se sienten atrapados entre la necesidad de sobrevivir y el temor a ser expulsados.
La comunidad internacional ha llamado a la atención sobre la situación, pero hasta ahora no se ha anunciado ninguna intervención directa. Mientras tanto, los migrantes esperan una solución que les permita mantener su estatus legal y su seguridad.
