Ciudadanos venezolanos en Colombia enfrentan una nueva realidad tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella de deportar a migrantes irregulares. Centros de integración y oficinas de migración están abarrotados de personas que buscan aclarar su situación legal. La medida, anunciada por el gobierno, busca reforzar el control migratorio en el país.
La orden no distingue entre migrantes de distintas nacionalidades, lo que ha generado preocupación entre las comunidades. El Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana, vinculado al gobierno, ha señalado la necesidad de una política más clara y humanizada. Muchos migrantes temen por su estatus legal y la incertidumbre que genera la medida.
La situación ha provocado un aumento en la demanda de asistencia legal y orientación. Aunque el gobierno defiende la medida como necesaria para la seguridad nacional, la comunidad internacional ha expresado preocupación por el impacto en los derechos humanos. La situación sigue siendo un tema de debate en el país.
