El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta una ola de críticas por su gestión en Ceuta, donde la entrada masiva de migrantes ha generado tensión y desorden. Mientras el Ejecutivo promete investigar la situación, líderes políticos y alcaldes acusan al Gobierno de inacción y pasividad. La crisis, exacerbada por la invasión marroquí, ha llevado a disturbios y a la necesidad de alojar a miles de personas en instalaciones temporales.
El líder de los proetarras, Arnaldo Otegi, ha acusado al Partido Popular y Vox de intentar "encarcelar" a Sánchez, aprovechando la debilidad del Ejecutivo. Por su parte, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha tachado la situación de "invasión" y ha señalado la falta de acción del Gobierno central. La oposición, encabezada por Podemos, acusa al PSOE de "inacción calculada" y de "sumisión vergonzosa" ante Marruecos.
A pesar de las presiones, el Ejecutivo no prevé finalizar la tramitación de expulsiones o asilos de los migrantes hasta final de año o 2027. Migraciones ha autorizado la petición de alojar a los afectados en el Puerto de Ceuta hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Mientras tanto, el periodista Gabi Sanz ha criticado la supuesta normalidad que el Gobierno intenta vender, señalando que las imágenes de disturbios contradicen esa idea.
El Gobierno también ha anunciado la desclasificación de informes sobre la crisis en Ceuta, pese a las advertencias sobre el impacto en el CNI. La situación sigue siendo delicada, con la comunidad internacional observando de cerca las consecuencias de la gestión gubernamental.
