El gobierno peruano ha declarado estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia de Callao por un período de 60 días, con el objetivo de enfrentar el aumento de la violencia y la criminalidad en la región. Esta medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 123-2026-PCM, permite al Estado implementar restricciones a derechos constitucionales, como la libertad de tránsito y la seguridad personal. La decisión se toma en un contexto de creciente inseguridad, con 105 homicidios y ataques armados registrados desde el inicio del mandato de la presidenta Keiko Fujimori.
El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, ha cuestionado la medida, señalando que debe demostrar resultados concretos frente a la extorsión, el sicariato y otros delitos organizados. Aunque el gobierno insiste en que la emergencia busca mejorar la seguridad, críticos alertan sobre la necesidad de acciones efectivas y no solo declaraciones. Mientras tanto, se espera que se anuncien más detalles sobre las restricciones y las medidas específicas que se aplicarán en la zona.
La declaración de emergencia también ha generado debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles. Mientras se implementan nuevas medidas, la comunidad sigue en alerta por la situación de violencia que persiste en la capital y en la provincia portuaria.
