El gobierno peruano ha declarado estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia de Callao por un periodo de 60 días. Esta medida, anunciada mediante el Decreto Supremo N° 123-2026-PCM, busca enfrentar el aumento de la violencia y la criminalidad en las zonas urbanas. Según informes, desde la juramentación de la presidenta Keiko Fujimori, se han registrado 105 homicidios y ataques armados en la capital y la región portuaria.
La decisión ha generado debates entre funcionarios y expertos. El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, ha cuestionado la eficacia de la medida, señalando que debe demostrar resultados concretos contra la extorsión, el sicariato y otras formas de delincuencia organizada. Aunque el gobierno afirma que las restricciones incluirán la limitación de derechos constitucionales, como la libertad de tránsito y reunión, no se han detallado aún las medidas específicas que se aplicarán.
Paralelamente, se avanza en proyectos de infraestructura como el Anillo Vial de Lima y Callao, financiado con 63,3 millones de dólares por Cofide. Este proyecto busca mejorar la movilidad y la conexión entre distintos puntos de la ciudad. A pesar de la tensión social, el gobierno insiste en que la medida de emergencia es necesaria para garantizar la seguridad en las zonas más afectadas.
