El presidente de Colombia, Gustavo Petro, derogó una resolución que había ordenado suspender la aplicación de glifosato en cultivos de coca. Esta decisión abre la puerta a la reanudación del uso del herbicida, aunque no implica de inmediato su reaparición en los campos. La medida se tomó en medio de debates sobre el control de la droga y la seguridad alimentaria.
El gobierno argumenta que el uso controlado de glifosato puede ayudar a reducir la producción de coca sin afectar la agricultura legal. Sin embargo, organizaciones ambientales y de derechos humanos han expresado preocupación por los posibles efectos en la salud y el medio ambiente. La decisión no establece un régimen automático de uso, sino que exige un análisis adicional y una regulación más estricta.
La medida ha generado reacciones en diferentes sectores. Algunos agricultores esperan que esto facilite la producción de cultivos legales, mientras que otros temen por la contaminación y el impacto en la comunidad. El gobierno ha anunciado que realizará una evaluación para determinar las condiciones bajo las cuales se podría permitir el uso del herbicida.
La situación sigue siendo compleja, con debates entre políticas de seguridad, salud pública y desarrollo rural. La decisión del presidente representa un cambio en la estrategia contra la producción de coca, pero su implementación dependerá de nuevas regulaciones y supervisión.
