Estados Unidos ha modificado las sanciones aplicadas a PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana, permitiendo operaciones comerciales bajo nuevas condiciones. La decisión, vigente desde el 14 de septiembre de 2026, sustituye la licencia general 52B emitida en agosto del mismo año. Esta nueva normativa facilita transacciones entre empresas estadounidenses y PDVSA, aunque excluye explícitamente las operaciones relacionadas con bonos o deudas del gobierno venezolano.
El Departamento del Tesoro autorizó esta flexibilización, estableciendo condiciones específicas para las operaciones permitidas. Aunque PDVSA puede realizar operaciones bajo estas nuevas reglas, CITGO, otra empresa petrolera venezolana, queda fuera de cualquier cambio en su estructura de gobierno. Esta medida busca equilibrar la presión económica con la necesidad de mantener cierta cooperación en el sector energético.
La modificación refleja una evolución en la política estadounidense hacia Venezuela, buscando un enfoque más pragmático en el contexto de una crisis económica prolongada en el país. A pesar de las restricciones, la nueva licencia permite cierta interacción comercial, lo que podría tener implicaciones en la estabilidad financiera de Venezuela.
