El Reino Unido impuso sanciones a productos provenientes de asentamientos israelíes en Cisjordania, una medida que Israel calificó como un error y una interferencia en sus próximos comicios. Como represalia, el gobierno israelí prohibió la entrada a 11 políticos británicos y cerró el consulado británico en Jerusalén. Esta decisión se tomó como una "contramedida" a la restricción comercial impuesta por Londres.
Más de 12 países, incluido el Reino Unido, restringieron el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania, argumentando que estas acciones equivalen a la anexión de tierras palestinas y al desplazamiento forzoso de la población. La Autoridad Palestina respaldó la decisión británica y exigió sanciones internacionales adicionales.
El presidente israelí, Isaac Herzog, advirtió que las sanciones británicas representan un grave error y una interferencia en la política interna del país. A su vez, el Reino Unido se mostró más cercano a la causa palestina, aunque enfrenta riesgos con la administración estadounidense.
La tensión entre ambos países se intensifica en un contexto de creciente presión internacional sobre la política israelí en Cisjordania. La situación plantea desafíos para las relaciones bilaterales y para la estabilidad en la región.
