El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió suspender preventivamente al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y a su responsable de Inteligencia, Leandro Almada da Costa, por presuntos informes ilegales contra jueces. La decisión, tomada por la Segunda Sala del STF, fue respaldada por una mayoría de jueces y se da en plena crisis institucional. Los informes, según las autoridades, recopilaban y supervisaban las actuaciones y decisiones de jueces como André Mendonça y del abogado general del Estado, Jorge Messias.
La medida se produce a menos de un mes de las elecciones presidenciales, lo que agrega tensión a un contexto ya delicado. La suspensión es cautelar y se espera que se defina una causa formal. La Policía Federal ha negado las acusaciones, afirmando que los informes eran parte de operaciones normales. La situación refleja una creciente desconfianza en las instituciones y un clima de polarización en el país.
El caso, vinculado al proceso judicial del caso Vorcaro, ha generado debate sobre la independencia judicial y la transparencia en las investigaciones. Mientras se espera una respuesta oficial de la policía, el Supremo continúa analizando las pruebas presentadas. La decisión marca un punto de inflexión en las relaciones entre poderes en Brasil.
