La megarreforma aprobada en el Congreso Nacional establece que los adultos mayores podrán eximirse de ciertas contribuciones solo si han pagado las deudas del año anterior. Esta medida ha generado preocupación entre los alcaldes, quienes señalan que muchos ciudadanos vulnerables no podrían actualizar su situación fiscal. Los municipios piden al gobierno que promueva activamente mecanismos de regularización para evitar que los adultos mayores queden afectados. La norma busca regular la obligación de pago, pero sus implicaciones son complejas. Algunos líderes locales temen que la nueva regla afecte a personas con recursos limitados. La discusión se centra en cómo equilibrar la legalidad fiscal con la protección social. El debate refleja las tensiones entre la aplicación estricta de las leyes y las necesidades de una población envejeciente.