Los ministerios de Interior y Justicia han admitido que la normalización en Ceuta tras la afluencia masiva de migrantes en julio tomará tiempo, mientras se refuerza la expulsión de los menores no acompañados hacia Marruecos. El ministro Fernando Grande-Marlaska anunció un incremento de 45 policías en la frontera y la movilización de agentes especializados en extranjería para agilizar el proceso. Según datos oficiales, 5.000 personas aún se encuentran en la zona, de las cuales 1.898 son menores.
El gobierno ha cifrado en "la inmensa mayoría" la cantidad de personas que serán devueltas a Marruecos. A pesar de las amenazas del ministro marroquí de suspender las extradiciones, Marlaska insistió en la confianza y lealtad del país norte africano. La tensión se ha mantenido en el ámbito diplomático, con Marruecos señalando que impide la salida de migrantes para regularizarlos en su territorio.
Aunque el gobierno español rechazó incluir en su agenda una discusión sobre la situación de los menores no acompañados, la presión por resolver el problema ha llevado a una acción más directa. La cooperación con Marruecos sigue siendo clave, aunque con desacuerdos en la forma de aplicar el acuerdo de extradición.
