El Gobierno y el Partido Popular (PP) han iniciado una serie de conversaciones sobre la gestión de los migrantes que entraron en Ceuta, con foco en la distribución de menores y la coordinación con Marruecos. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo estima que alrededor de 8.000 de los 80.000 migrantes que llegaron a la ciudad autónoma aún se encuentran en el territorio, de los cuales 5.000 podrían ser acogidos. Entre ellos, se incluyen 2.500 niños, según datos proporcionados por el Ministerio de Exteriores.
El PP ha criticado la postura del Gobierno, acusándolo de ser "sumiso" ante Marruecos y de no haber señalado claramente a Rabat en la crisis. La diputada del PP, Martínez-Maíllo, ha señalado que la gestión del Ejecutivo durante la crisis migratoria ha demostrado una falta de capacidad para garantizar la seguridad territorial. Por su parte, Vox ha exigido a Marruecos que asuma los gastos derivados del asalto a Ceuta y ha pedido al Gobierno medidas para proteger la soberanía.
Mientras, el Defensor del Pueblo ha solicitado información al Gobierno, a la Fiscalía y a la Delegación en Ceuta sobre la entrada masiva de migrantes. La situación ha generado tensiones entre partidos y ha llevado a debates sobre la responsabilidad de Marruecos en la crisis. El PP también ha pedido al Gobierno que convoque a consultas al embajador marroquí en España, destacando la importancia de Ceuta como parte integrante de España.
