La Comunidad de Madrid ha iniciado seis procedimientos judiciales para frenar decisiones del gobierno sobre la protección de menores extranjeros. Estas acciones legales se centran en la política del Ejecutivo sobre la integración y el trato de los menores no acompañados. El gobierno ha sido acusado de no cumplir con los estándares internacionales en este ámbito. Las autoridades regionales argumentan que las decisiones del gobierno afectan negativamente a los derechos de los menores. La situación ha generado un debate político entre la región y el gobierno central.