El gobierno peruano declaró estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia de Callao por 60 días, como medida para enfrentar la ola de violencia y criminalidad que afecta la región. La medida fue anunciada mediante el Decreto Supremo N° 123-2026-PCM, y busca restringir derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Esta decisión se toma en un contexto de aumento de homicidios y ataques armados, con 105 casos registrados desde la juramentación de la presidenta Keiko Fujimori.
El estado de emergencia permite al gobierno implementar acciones excepcionales para mejorar la seguridad, incluyendo la movilización de fuerzas policiales y la aplicación de medidas de control. El exministro del Interior Wilfredo Pedraza cuestionó la medida, exigiendo que demuestre resultados concretos contra la extorsión, el sicariato y otras formas de criminalidad organizada.
Aunque la medida busca garantizar la seguridad, también ha generado debates sobre su impacto en los derechos civiles. Paralelamente, se avanza en proyectos de infraestructura como el Anillo Vial de Lima y Callao, financiado con US$63,3 millones por Cofide, con el objetivo de mejorar la movilidad y la conexión entre distintos puntos de la región.
