Gobierno de Keiko Fujimori ha solicitado al Congreso la asignación de facultades legislativas por un periodo de 120 días, con el objetivo de fortalecer medidas contra organizaciones criminales. Entre las propuestas presentadas, se incluye la creación de un marco legal para clasificar a ciertos grupos como terroristas, así como el reconocimiento explícito de la legítima defensa de terceros inocentes.
La solicitud fue oficialmente presentada ante la Cámara de Diputados, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional. El gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para mejorar la respuesta ante amenazas internas y proteger a la población. No se han especificado detalles adicionales sobre los grupos que podrían ser afectados.
La decisión ha generado debate entre distintos sectores políticos, con opiniones divididas sobre la necesidad de nuevas herramientas legislativas. Mientras algunos apoyan la propuesta como una medida preventiva, otros advierten sobre el riesgo de abusos de poder. El Congreso aún no ha emitido una respuesta oficial.
