El gobierno peruano declaró el estado de emergencia en la capital, Lima, y en la provincia portuaria de Callao por un periodo de 60 días, como medida para enfrentar el aumento de la violencia y la criminalidad. Esta decisión fue anunciada a pocos días de la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori, en un contexto donde se registran un elevado número de homicidios y ataques armados en la región.
La medida permite al Estado restringir derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, así como la inviolabilidad del domicilio. El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, cuestionó la decisión, señalando que debe demostrar resultados concretos frente al avance de la extorsión, el sicariato y otras formas de criminalidad organizada.
Además, se confirmó que los cortes de luz programados en Lima y Callao afectarán varios distritos durante hasta diez horas continuas el viernes 29 de agosto. Aunque el estado de emergencia se centra en la seguridad, otros proyectos como el Anillo Vial, financiado con 63,3 millones de dólares, continúan en marcha con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona.
