En el Congreso, se inició una investigación sobre casos de abuso sexual y violencia contra menores cometidos por fuerzas de seguridad, tras la muerte de Rafael Nahuel, cuya causa fue atribuida a la violencia policial. La investigación abarca también robos de celulares, asociaciones ilícitas y narcotráfico, según informes recientes. Los diputados han solicitado información detallada sobre las acciones de las fuerzas de seguridad en el área de la Prefectura, donde se han reportado múltiples incidentes.
La presión sobre el gobierno ha aumentado tras la publicación de testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas. Algunos legisladores han llamado a la transparencia y a la responsabilidad en las investigaciones. Aunque no se ha confirmado oficialmente el alcance completo de los casos, el Congreso ha decidido ampliar su enfoque para incluir más denuncias relacionadas con el abuso de poder.
La situación ha generado debate en la sociedad, con manifestaciones en varias ciudades. Los activistas exigen medidas concretas para garantizar la seguridad de las personas y la justicia para las víctimas. Mientras se espera la respuesta oficial del gobierno, el Congreso continúa su labor de investigación.
