El gobierno venezolano y Estados Unidos han firmado un acuerdo petrolero que incluye la inversión en 12 campos clave del país, con participación de empresas privadas. El pacto, anunciado bajo presión estadounidense, ha generado reacciones mixtas en la sociedad venezolana. Mientras el oficialismo lo ve como una oportunidad para mejorar la economía, sectores críticos lo cuestionan por su transparencia y legitimidad.
El acuerdo, que involucra 65.000 millones de barriles, ha sido criticado por su falta de claridad institucional y por las dudas sobre su validez constitucional. Economistas y defensores de derechos humanos han alertado sobre el riesgo de comprometer el patrimonio nacional a cambio de un retorno fiscal limitado. Aunque el gobierno lo presenta como un paso hacia la recuperación económica, la población muestra suspicacia sobre su impacto real.
La negociación se desarrolló en un contexto de tensión política interna, con el gobierno interino de Delcy Rodríguez sometido a presión externa. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó como el "mayor acuerdo petrolero de la historia", la comunidad internacional sigue observando con cautela los efectos del pacto en la estabilidad del país.
