El Gobierno español ha cambiado su estrategia en la crisis de Ceuta, atribuyendo la situación a la derecha y evitando asumir responsabilidades por la gestión del conflicto. Según fuentes oficiales, los ministros de Interior y Exteriores han desviado la culpa hacia la derecha política, en lugar de reconocer errores en la gestión de la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma. Esta postura ha sido criticada por varios analistas y activistas, quienes señalan que la falta de claridad y la evasión de responsabilidades han empeorado la situación.
Una encuesta reciente revela que el 90,4% de los españoles considera que Marruecos conoció y permitió la entrada masiva en Ceuta, mientras que el 82,2% cree que el Gobierno no ha hecho suficiente para resolver el conflicto. Esta percepción se refleja en un rechazo generalizado a mantener con Marruecos la organización del Mundial 2030. La crisis ha generado una polarización política y una pérdida de confianza en las instituciones, lo que pone de manifiesto la necesidad de una gestión más transparente y responsable.
