La presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un "máximo respeto" hacia la jueza María Tardón, encargada de la causa de Ceuta. Esta tensión judicial refleja el descontento creciente hacia la gestión del gobierno en la crisis migratoria. La jueza, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma, enfrenta críticas por su enfoque en la seguridad.
Según informes policiales, alrededor de 17.000 menores entraron en Ceuta durante el 30 y 31 de julio. La Policía Nacional estimó que el 25% de los inmigrantes eran adolescentes y niños. Sin embargo, el gobierno ha fijado en 1.478 el número de menores acogidos en centros habilitados. Esta discrepancia ha generado desconfianza en la población y en sectores políticos.
El debate se intensifica con la pregunta sobre la autoridad del Rey para visitar Ceuta sin permiso del gobierno. La Constitución permite el libre movimiento del Rey, pero una visita oficial requiere cobertura institucional. Esta cuestión refleja la complejidad de la relación entre instituciones y la gestión de emergencias.
La crisis de Ceuta sigue siendo un tema de debate público, con críticas hacia el gobierno y la necesidad de una respuesta más transparente y coordinada.
