Once de los doce detenidos por el ataque a militares en Ceuta han sido expulsados a Marruecos, según la sentencia dictada por el juzgado. La decisión sustituye las penas de prisión por la expulsión del territorio español durante cinco años, tras un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas. Solo uno de los detenidos permanece en prisión provisional, ya que se opuso a la acusación y niega su participación en el ataque.
La situación ha generado protestas en Ceuta, donde la población se muestra airada ante la decisión. El ministro de la Presidencia, Pedro Sánchez, ha destacado la relación con Marruecos, mientras que la ministra de la Transición Energética, Teresa Ribera, ha señalado el efecto llamada en redes sociales. La vicepresidenta de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha denunciado la falta de apoyo del Estado español y ha reclamado más medios al gobierno.
La expulsión de los detenidos ha sido vista como una medida drástica por parte de las autoridades locales, que consideran que la situación se ha convertido en una crisis humanitaria. Aunque el gobierno justifica la medida como una protección de la seguridad, la comunidad local sigue en alerta por la tensión generada. La situación sigue siendo un tema de debate en el ámbito político y social.
