La diputada Analí Marquez presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutierrez, por haber declarado públicamente sobre un posible cierre del Congreso. Según la diputada, esta intervención no está autorizada y podría influir en la aprobación de la presidenta Keiko Fujimori. Gutierrez sostuvo que un cierre del Congreso podría acelerar la aprobación de medidas legales que favorecerían la gestión del Ejecutivo.
En paralelo, Keiko Fujimori llamó al Congreso a analizar rápidamente el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. La presidenta argumentó que estas facultades son necesarias para recuperar el orden y enfrentar la criminalidad organizada. A pesar de esto, no ha respaldado públicamente la gestión del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, aunque mencionó una ley que impide su destitución.
La situación refleja un clima de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, con acusaciones de intervención indebida en asuntos políticos. La denuncia de Marquez busca establecer límites a la participación del defensor del Pueblo en temas legislativos, mientras que Fujimori continúa promoviendo medidas de seguridad.
