El presidente Pedro Sánchez ha defendido públicamente la postura de Marruecos frente a la crisis migratoria en Ceuta, pero su defensa no ha convencido a sus socios en el Congreso ni a la oposición. Durante una comparecencia en el Parlamento, Sánchez insistió en la necesidad de mantener una relación de cooperación con Marruecos, pero varios diputados de su propio partido se han desmarcado de su relato.
Por otro lado, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se le ha negado acceso al informe sobre la situación en Ceuta. La jueza Tardón, de la Audiencia Nacional, ordenó al CENIF no informar a sus superiores, lo que Marlaska considera una interferencia en la gestión de la seguridad nacional.
El CGPJ ha defendido la decisión de la jueza, afirmando que la información contenida en el informe es de interés para Interior, pero no incompatible con la independencia judicial. Marlaska, sin embargo, insiste en que el acceso a dichos datos es crucial para una gestión efectiva de la crisis.
La tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se intensifica, mientras la situación en Ceuta sigue siendo un punto de roce entre España y Marruecos.
