El Gobierno español ha denunciado como "ilegalidad manifiesta" las propuestas de deportación de 500 niñas hacia la Península Ibérica, según un informe del Ministerio de Infancia. La medida, planteada por el presidente regional de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue rechazada por las autoridades centrales, que consideran que viola los derechos de los menores.
El Ministerio de Infancia asegura que el director general de la Comunidad de Madrid, José María Vivas, conocía el plan y lo autorizó. Esta afirmación contradice la negación del presidente ceutí, quien ha insistido en que no hubo acuerdo entre las autoridades locales y centrales.
La situación ha generado tensión entre las administraciones regionales y el Estado. Mientras el Gobierno central se compromete a proteger a los menores, las autoridades gallegas insisten en la necesidad de reforzar el control migratorio.
La decisión final dependerá de la intervención de organismos internacionales, que evaluarán si se cumplen los estándares de protección de los derechos humanos.
