El gobierno español ha rechazado las acusaciones de que su gestión en Ceuta haya sido ineficaz durante la crisis migratoria, mientras vecinos y líderes locales denuncian la falta de medidas concretas. La situación en la ciudad autónoma ha generado preocupación por la inseguridad y la falta de recursos. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusó a Marruecos de aplicar una política de acoso contra el exclave, algo que el gobierno y la UE han negado, manteniendo su postura de apoyo a Marruecos como socio fiable.
A pesar de las críticas, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que no será necesario prorrogar el mando único en Ceuta y que se implementarán nuevos CATEs permanentes con inversión de 4,5 millones de euros cada uno. Además, el gobierno cifró en 1.120 los triajes completados de migrantes desde el inicio de la crisis. Sin embargo, las vecinas y vecinos siguen expresando su descontento, señalando la inseguridad subjetiva y la falta de policías en las calles.
La tensión se ha agravado con la retirada de un mapa del gobierno que situaba a Ceuta y Melilla como territorios en disputa y al Sáhara como parte de Marruecos. Esta decisión ha sido criticada por partidos políticos, quienes consideran que vulnera el derecho internacional. La situación sigue siendo delicada, con la comunidad local exigiendo más acciones concretas y una mejor gestión de la crisis.
